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ABRAZOS QUE ABRASAN

No estaba previsto que interviniera, pero así sucedió. Tampoco hubo derecho a réplica, como suele ser habitual en la cortesía parlamentaria, pero a estas alturas importa poco. Lo cierto es que con semblante seráfico y modulación grave, el presidente del gobierno se dirigió al Congreso de los Diputados para lanzar un discurso cargado de emotividad y trascendentalismo. Al finalizar sus palabras, y ante la ansiedad o el arrobo de los homosexuales presentes en la tribuna, el Congreso aprobaba en reñida votación la ley que permitirá el matrimonio entre personas del mismo sexo, así como el derecho de adopción por parte de estas parejas. Al día siguiente, todos los medios de información se hacían eco de la noticia y los diarios reproducían en gruesos caracteres la frase mas radiante del discurso presidencial: Zapatero dice que el matrimonio gay hace de España “un país mas decente”.

Sin lugar a dudas, la aprobación de esta ley ha sido una de las mas polémicas del actual gobierno socialista, y si la gestión del mismo no ha dejado de causar crispación en la vida política desde sus inicios, la última ley aprobada no deja de ser una nueva vuelta de tuerca en el exaltado ánimo de la sociedad española. Entre los defensores de esta ley, el argumento mas socorrido no ha sido otro que el ataque frontal a la Iglesia Católica al reprocharle que ella no puede imponer su monopolio sobre las palabras y sus significados (en referencia al concepto de ‘matrimonio’ que rige para la institución religiosa). La falacia de dicha postura no sólo radica en la ausencia de razones a favor de su argumento, sino que es fácil de desmontar con una sencilla pregunta: ¿Y quién es el gobierno –sea del signo político que sea- para atribuirse el monopolio de las palabras y sus significados? En cualquier caso, la mejor respuesta a la argumentación anterior, fue la abrumadora multitud que se echó a la calle para protestar contra la ley. Manifestación que para muchos ha sido la mas multitudinaria en la historia de la democracia española -comparable a la que provocó el asesinato de Miguel Ángel Blanco- y muy por encima de la no menos multitudinaria celebrada semanas antes en contra de la negociación con ETA (las vistas aéreas de ambas manifestaciones son impresionantes). Es bueno precisar esto, ya que ha sido muy notorio el esfuerzo de los medios de comunicación afines al gobierno por silenciar o minimizar la imponente participación popular de ambas manifestaciones mientras exaltaba con potentes focos, mimosos titulares de prensa, habilidosos ángulos fotográficos y espumosa retórica la Marcha del Orgullo Gay, celebrada posteriormente y respaldada por dirigentes socialistas (las portadas de El País en estas fechas son obras maestras del trampantojo informativo). Y no deja de ser divertido, porque esta pereza informativa con dos manifestaciones abrumadoramente multitudinarias y populares es justamente lo contrario del frenético entusiasmo de la víspera electoral, cuando algunos de estos medios multiplicaron sus altavoces y focos para darle protagonismo a la aislada jauría que vociferaba injurias frente a las sedes del PP, y en la misma medida que animaba a los indecisos y excitaba a la horda a sumarse al linchamiento, transmutaba el suceso en una clara expresión de ‘clamor popular’ contra el gobierno.

De cualquier forma, es obvio que si bien la Iglesia Católica se sumó a la manifestación de protesta contra la ley -al igual que lo hicieron dirigentes del PP u otras asociaciones- es una grosera simplificación atribuir el rechazo de esta ley a la institución religiosa. Por lo demás, quiénes apelan a estos argumentos se olvidan de mencionar que la protesta no sólo se circunscribe a los creyentes, y que desde una perspectiva laica, son también muchos los que han expresado su discrepancia: desde medios de información y periodistas nada sospechosos de clericalismo, hasta muchísimos españoles de a pie, sin incluir a personalidades de prestigio del propio Partido Socialista. Y es aquí precisamente donde reside el elemento demagógico, manipulador y maniqueo de dicha ley de cara a la opinión pública... En su versión mas extremista y radical, lo ha expresado el chambelán del movimiento gay en la dirigencia del PSOE –un tal Zerolo-: “no tiene otro nombre que el de apartheid negarle el término de ‘matrimonio’ a las uniones homosexuales”. Es decir, para este pobre y sensible diablo que es víctima de la sociedad, fuera de su clan (homosexual) sólo existen dos posibilidades: acatar todas sus exigencias y participar en su pachanga, o de lo contrario eres un miserable racista que discrimina a los de su condición, lo que equivale a que te acuse de intolerante, reaccionario, ultraconservador o fundamentalista de la Iglesia Católica... Si esto no es chantaje sentimental y totalitarismo -¡o estás conmigo o estás contra mí!-, sin duda se le parece diabólicamente. (Curiosa paradoja del socialismo: hasta hace pocos años el ejemplar a imitar era el Che Guevara, que en su delirio genocida aspiraba a eliminar a los homosexuales de la sociedad reeducándolos -o exterminándolos- en campos de concentración; ahora llega este hombre nuevo socialista y pretende imponer lo contrario: que sean los homosexuales los que reeduquen a la sociedad en su sensibilidad e ideales) En su versión oficial, es decir, en la pomposa y pulida retórica del presidente -“el matrimonio gay hace de España un país mas decente”-, no deja de ser la otra cara de la misma moneda y la dictadura de lo políticamente correcto impuesta por el PSOE en la actual legislatura: no cabe duda que quiénes no comulguen con esta ley representan la facción mas intolerante, insolidaria, inmovilista y conservadora de la sociedad (es decir, la menos decente, la vieja carroña, sospechosamente vinculada a la Iglesia Católica), mientras ellos, el Partido Socialista, son los abanderados del aperturismo y la tolerancia, los únicos que se preocupan por la justicia social y por los derechos de las minorías.

El único inconveniente de este hermoso eslogan publicitario (con Zerolo firme y Zapatero ambiguo), es que el PP no se ha opuesto a regular los derechos civiles de las parejas homosexuales y equipararlos a los de las personas que contraen matrimonio. A lo que se ha opuesto el PP, al igual que gran parte de los juristas u otras instituciones del Estado, es a no liquidar de un plumazo y por una caprichosa ley el concepto milenario de matrimonio -como la unión entre un hombre y una mujer, es decir, entre personas de diferente sexo que se unen para formar una familia (se tengan hijos luego o no)- que es una de las instituciones fundamentales de la sociedad y por lo mismo goza de protección. En este mismo sentido se expresaron las múltiples asociaciones de defensa de la familia que se sumaron a la manifestación de protesta y cuyo lema –La familia sí importa- era muy explícito del contenido de su reivindicación. Se puede discrepar respecto a esta manifestación (ya sea porque se tenga una definición particular de ‘matrimonio’ y ‘familia’ que no coincida con los patrones convencionales o simplemente porque se rechacen las manifestaciones masivas), pero ello no invalida el carácter legítimo, democrático y multitudinario de dicha protesta, y mucho menos hay derecho a silenciarla, minimizarla o equipararla en respaldo popular con la Marcha del Orgullo Gay... Es por ello que muchos se han preguntado: ¿Por qué un gobierno tiene que imponer de forma tan arbitraria y prepotente una ley que reinventa las instituciones a su capricho, en contra del criterio de otras instituciones competentes, de casi la mitad del Parlamento, de las asociaciones representativas de dicha institución y de gran parte de la sociedad? ¿Acaso no se podía buscar el consenso de la mayoría parlamentaria y de las instituciones discrepantes con dicha ley, equiparando los derechos civiles de estas uniones –seguridad social, pensiones, herencia...- sin llamarle matrimonio, y buscando otro nombre o figura jurídica a tal efecto?

El artículo mas argumentado a favor de esta ley lo expone Mario Vargas Llosa en el diario El País -El matrimonio gay; domingo, 26 de Junio de 2005-. En el mismo, y sin dejar de hacer críticas al gobierno socialista (su desastrosa política internacional; su venta de armas al demagógico gobierno de Venezuela; su acercamiento a Fidel Castro y su oficio de alcahueta del tirano ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU; y sus continuas concesiones al nacionalismo separatista español), Vargas Llosa celebra que España sea el tercer país del mundo –tras Holanda y Bélgica- en legalizar el matrimonio homosexual, con todos sus deberes y derechos, incluido el de adoptar. Asimismo, considera que a pesar de las manifestaciones de protesta, las encuestas realizadas convalidan al gobierno en su iniciativa: casi dos terceras partes de los españoles aprueban el matrimonio gay, y sólo disminuye algo en las adopciones de niños por parte de estas parejas, pero en este aspecto también la ley queda convalidada por la mayoría. Por lo demás, expresa su fe en que esta iniciativa inyecte una nueva vitalidad a la institución familiar que, según nos advierte, padece una profunda crisis en la sociedad occidental. En relación a la adopción, critica a los que desde su dogmatismo o sus prejuicios inveterados ven como deficiente la formación de un niño por una pareja homosexual y para responder a estos prejuicios cita a Edurne Uriarte: ‘un niño lo que necesita es amor, no abstracciones’... Por último, critica al PP por su oportunismo político al sumarse a la manifestación contra el matrimonio gay y darle argumentos a quiénes lo presentan como una formación política ultraconservadora.

De los argumentos anteriores, el que España sea el tercer país del mundo en legalizar el matrimonio y la adopción parece a primera vista una gran iniciativa. Sin embargo, también hemos leído que Holanda y Bélgica permiten el matrimonio gay pero que aún no han desarrollado el tema de la adopción, lo que nos hace dudar de la afirmación anterior. En cualquier caso, y aunque fuera cierto lo que expone Vargas Llosa –escritor que merece todo mi respeto y de quién siempre aprendo- esto no es un argumento como tal, como no lo es que otros países no menos civilizados -Francia, Gran Bretaña, Suiza o Suecia- se han negado a dar ese paso y desconfían de esta iniciativa. Por lo mismo, su argumento mas concreto es el que se apoya en las encuestas, aunque no resulte convincente por las muchas preguntas que se quedan en el aire: ¿Cómo se puede aprobar una ley tan controvertida por una simple encuesta popular? ¿Acaso esto no es una burda forma de populismo? ¿Se pueden hacer ‘leyes a la carta’ según el dictado de las mayorías (estén manipuladas o no), mientras se desprecia el criterio de instituciones y profesionales competentes? Y no han faltado artículos en la prensa de profesionales que con solvencia en el tema tratado han desaprobado esta ley desde diferentes perspectivas (incluida la legal). Por lo demás, son varios los jueces que han iniciado gestiones para llevar esta ley ante el Tribunal Constitucional, ya que ponen en duda su constitucionalidad; y mas recientemente, ha sido el propio PP quién ha presentado recurso de inconstitucionalidad contra la ley aprobada.

En cualquier caso, resulta muy poco honesto por parte del gobierno justificar su polémica ley apelando a un fantasmagórico ‘consenso social’ que se sustenta en unas encuestas no menos fantasmagóricas. Es decir, si a pesar de la multitudinaria protesta popular, de la reñida votación del Congreso, de la oposición del Senado y de gran parte de los juristas –CGPJ-, el gobierno está convencido de las bondades de su ley y del respaldo popular que la ampara, ¿acaso no es mas honrado realizar un referéndum, que es la única encuesta válida en estos casos para demostrar la voluntad de ser transparente y la aprobación democrática de su ley? ¿Por qué tenemos que creer mas en la representatividad de unas encuestas que en la presencia física de una abrumadora multitud que decide salir a manifestarse o el propio descontento expresado por infinidad de personas en diferentes medios? ¿Y quién garantiza las condiciones de representatividad de esa muestra? Donde Vargas Llosa expone: ‘casi dos terceras partes de los españoles respaldan esta ley’, yo leo ‘casi dos terceras partes de los encuestados...’ Y no creo que sea el único que haga esta lectura. Esto sin contar lo dicho anteriormente sobre la forma tan prepotente y demagógica que ha demostrado el gobierno al abordar este tema, la dictadura del silencio y de lo políticamente correcto que ha impuesto acerca del mismo o los propios precedentes del Partido Socialista y los medios de comunicación afines para manipular a la opinión pública a su antojo y que han sido denunciados con insistencia por otros medios mas neutrales y críticos. Por cierto, tampoco se entiende como un presidente democrático que se supone que representa a todos los españoles, es decir, a personas con diferentes costumbres y creencias, pueda adoctrinar –como un cura o un tirano- acerca de lo que es mas decente y menos decente a raíz de una ley impuesta por su gobierno.

En cuanto al otro argumento de Vargas Llosa –su fe en que la ley inyectará una nueva vitalidad en la institución familiar-, es un deseo muy loable pero carece de fundamento. Por lo demás, un reciente reportaje de La Razón no daba motivos para ser muy optimistas al respecto: según el mismo, en los dos primeros meses de vida de dicha ley, cuando se esperaba una avalancha de peticiones de matrimonio en virtud de la supuesta demanda, apenas unas docenas de ciudadanos -equivalentes al 2% de la parejas homosexuales censadas- habían hecho uso de la nueva regulación. Con respecto a la adopción, no creo que hablen desde el dogmatismo o los prejuicios inveterados quiénes defienden la importancia de un padre y una madre (o del rol masculino y femenino), en la formación de cualquier niño, así como algo que se ha ocultado tramposamente desde su mismo planteamiento, a saber: que la adopción no se puede entender nunca como el derecho de la pareja a tener un niño (como si fuera una mascota de regalo), sino como el derecho de un niño a tener un padre y una madre. Y tampoco han faltado artículos en la prensa que han abordado este tema con rigor y conocimiento. Evidentemente esto no invalida que una pareja homosexual pueda hacerlo mejor que otra heterosexual, pero este nunca puede ser el enfoque. Tampoco lo es que un niño se quede sin hogar por impedir la adopción de una pareja homosexual, si ésta cumple los requisitos exigibles, que supongo sea el caso cuando cita a Edurne Uriarte: ‘un niño lo que necesita es amor, no abstracciones’. De cualquier forma, este enfoque simplifica y tergiversa la cuestión, al situarse en posiciones extremas. En este sentido, y como todo en esta vida, son las personas individuales las que deben contar para asumir esta responsabilidad (sea homosexual, heterosexual, transexual, bisexual, heteroflexible, homoplatónico, andrógino o amanerado, y supongo que así ha funcionado siempre y seguirá funcionando), nunca los colectivos y mucho menos adquirir arbitrarios derechos que suplantan a otros por declarar su pertenencia a dicho colectivo o exhibir orgulloso su diferencia (lo que discrimina a su vez a los homosexuales que tengan mayor sentido del pudor). De todas formas, lo dicho anteriormente no niega que la cuestión fundamental sea el derecho del niño a tener un padre y una madre, y que lo deseable es que sea educado por ambas figuras, aunque los mezquinos intereses electorales aconsejen favorecer a los colectivos minoritarios que suman votos (los niños no votan) y hacer propaganda política en su nombre.

Por lo demás, y contrario al oportunismo político que ve Vargas Llosa en que el PP se sumara a la manifestación, a mi me parece que era la única postura coherente si fue la que después defendió en la votación del Congreso y por la que ha planteado el recurso de inconstitucionalidad. En cualquier caso: ¿Por qué va a ser oportunista la participación del PP en la manifestación contra la ley, y no es oportunista la participación del PSOE en la Marcha del Orgullo Gay? ¿Por qué no tiene derecho el PP a defender su postura en la calle, mucho más argumentada y razonada que la hemorragia de victimismo de la que se ha servido la izquierda mediática y política para justificarse? ¿Por qué en un caso se es oportunista y en otro no? ¿Por qué tanto sectarismo a la hora de juzgar a ambos partidos? La crítica que se le puede hacer al PP en este asunto, y con razón, es precisamente que por miedo a ser impopular, a ser tachados de insolidarios o intolerantes y a la corrección política impuesta, no haya planteado el recurso de inconstitucionalidad al día siguiente de aprobada la ley, en lugar de esperar dos meses para hacerlo. Por último y en cuanto a que con esta actitud el PP le dará argumentos a quiénes lo presentan como una formación política ultraconservadora, no sé que decir... Quizá a estas alturas, semejantes muletillas –ultraconservador, retrógrado, intolerante- sólo provoquen un largo y perezoso bostezo. En cualquier caso, si el PP tiene razones para actuar como lo hace (y así lo ha demostrado en este caso), no tiene porque temer a las tediosas descalificaciones, la entusiasta difamación y la extenuante demagogia de una izquierda que no tienen más recursos que estos para defender su postura.

En realidad, y sin dejar de ser ciertas las críticas que hace Vargas Llosa al gobierno socialista, estas son pálidas para quiénes denuncian diariamente la desfachatez de un gobierno que se niega a investigar la matanza terrorista del 11-M (y que a pesar de su hermético silencio, sigue sangrando en El Mundo), que claudica en su lucha contra ETA (cuyo disfraz político –el PCTV- se ha negado a ilegalizar) ofreciendo diálogo y negociación a la banda terrorista (lo que anima nuevos atentados y a los camorristas radicales de toda laya), que promueve leyes que favorecen a los grupos mediáticos de su cuerda o que alienta las continuas embestidas del nacionalismo separatista contra el modelo de Estado vigente (y sólo cito de pasada las críticas mas polémicas; del presidente de gobierno, mejor ni hablar). Y es en medio de este convulso contexto que se ha aprobado esta ley cuyo único fin es monopolizar las reivindicaciones de los homosexuales para laminar al partido de la oposición, presentándolo como intolerante y negado a reconocer los derechos de estas parejas. Argumento que es falaz –salvo el derecho de adoptar- a pesar de que la machacona propaganda socialista insista, una y otra vez, en decir lo contrario y manipular a la opinión pública. En cualquier caso, y al margen de los recursos de inconstitucionalidad presentados, me temo que serán muchos los homosexuales que no se dejen utilizar tan burdamente o que consideren humillante que el Estado y su impersonal burocracia meta las narices en su intimidad teniendo que dar cuentas de la misma por una ley artera... Como diría el clásico: en la comedia que es la vida, hay abrazos que abrasan.


Juan José Ferro de Haz.